La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, había solicitado a la corte que levantase la prohibición impuesta por el juez un día antes de que entrase el vigor la ley, el 29 de julio del año pasado. La ley autorizaba a la policía a revisar el estatus legal migratorio de sospechosos o detenidos, lo que motivó que el Departamento de Justicia presentara una demanda para bloquearla al considerara inconstitucional porque los asuntos migratorios son de jurisdicción federal.