Además, fue sentenciado a dos años y diez meses de inhabilitación para ejercer un cargo público y a pagar una cantidad de 3 millones de soles (aproximadamente un millón de dólares) en concepto de reparaciones para el Estado peruano.

Los delitos por los que ha sido condenado son "peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado", y le costarán quedarse en prisión hasta el 11 de agosto de 2014, según la sentencia.

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